La Paz, 1 junio El gobierno boliviano aseveró hoy que desconocerá los resultados de los referendos autonómicos que desarrollan las autoridades de los departamentos de Pando y Beni, por estimarlos ilegales y divisionistas.
Según explicó a Prensa Latina el vocero presidencial, Iván Canelas, al igual que la de Santa Cruz, el pasado 4 de mayo, esas consultas han sido revocadas por el Congreso y la Corte Nacional Electoral (CNE) y reciben un amplio rechazo de la sociedad.
Canelas precisó que esos plebiscitos, al que seguirá el de Tarija (sur), el próximo 22 de junio, representan una pérdida de tiempo, de recursos económicos, de desgaste de la población.
Asimismo denunció que las autoridades de esos departamentos, al noreste de la sede de gobierno, obligan a las personas a votar por unos estatutos que fueron redactados sin la participación de las organizaciones sociales.
El portavoz agregó que detrás de esos comicios hay intenciones secesionistas, mientras que sus promotores, líderes políticos y civiles de derecha, sólo argumentan que buscan una mayor descentralización del aparato estatal.
De otra parte, Canelas informó que este domingo el presidente Evo Morales cumple su actividad con absoluta normalidad.
La agenda incluye encuentros con cooperativistas mineros en el central departamento de Oruro, precisó. También se prevé que el jefe de Estado visite la mina de Huanuni y quizás al final de la tarde brinde una evaluación de la jornada, adelantó.
Tomado de:Prensa Latina
Gobierno boliviano impedirá aplicación de estatuto autonómico cruceño
La Paz, 16 may
El Gobierno de Bolivia rechazará cualquier solicitud para implementar el estatuto autonómico del departamento de Santa Cruz, ratificó el viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, en una entrevista publicada hoy por el diario La Prensa.
"Por supuesto (que rechazaremos), absolutamente todo, y no solamente nosotros, sino toda la comunidad internacional. No sólo no nos vamos a quedar pasivos esperando lo que sea vinculante a nosotros, lo ilegal no pasará y acudiremos a los organismos externos", enfatizó.
La autoridad llamó a los dirigentes cruceños a dejar a un lado esos procedimientos y sentarse en la mesa de negociaciones para compatibilizar con el ejecutivo esos preceptos, que pueden constituir la base para redactar en el futuro un texto autonómico.
Dejemos de hacer acciones de hecho, hagamos la transformación de la autonomía que el país necesita por la vía legal y constitucional. Abandonemos esta serie de acciones al margen de la ley que sólo busca socavar el poder legítimo de un Gobierno nacional legalmente constituido, declaró.
El funcionario reiteró la posición del ejecutivo de impedir que ningún mecanismo ilegal se lleve a vías de hecho, y advirtió a los promotores de ese proceso sobre las posibles consecuencias de esos actos atentatorios contra la Constitución.
Primero, no se va a permitir que ninguna acción ilegal surta efecto. Segundo, quienes están actuando al margen de la ley deben tener en cuenta que tarde o temprano, como cualquier autoridad o funcionario público, tendrán que responder por sus actos ante la justicia, aseveró.
Sin embargo, descartó que la administración tenga pensado emprender alguna demanda legal contra la prefectura del oriental territorio, como han solicitado numerosas agrupaciones sociales del país en los últimos días.
El funcionario explicó que bajo las actuales circunstancias Santa Cruz no será en la práctica una región autonómica, pues para su funcionamiento como tal, necesitará la aprobación del Estado para oficializar muchas de las medidas que pretenden aplicar.
Arce analizó la inviabilidad de varias disposiciones económicas previstas en el estatuto cruceño como la creación de un consejo de comercio exterior, el establecimiento de un salario mínimo de mil bolivianos (poco más de 136 dólares) o el cobro de tributos a empresas petroleras.
La víspera, la Corte Departamental Electoral (CDE) de Santa Cruz anunció el inicio de la aplicación de los estatutos autonómicos votados el pasado 4 de mayo, e instauró al prefecto Rubén Costas como gobernador, hecho considerado por muchos analistas como una provocación.
Tomado de:Prensa Latina




