Viernes 5 de marzo de 2004 por Alianza Social Continental
English 5/3/2004
Propuesta para el capítulo Inversiones sobrepasa hasta los límites previstos por el Congreso Norteamericano
A pesar de que el nuevo diseño del Área de Libre Comercio de las Américas (alca) haya recibido el sobrenombre de light o mínima, la estrategia de presión asumida por los Estados Unidos en las negociaciones hace que permanezcan sobre la mesa todas las propuestas de los temas considerados sensibles por los países del Mercosur, Venezuela y Bolivia. Entre ellas, la propuesta para el capítulo de inversiones – presentada antes de la reunión ministerial de Miami – llama la atención por ser todavía más “comprehensiva” que el propio mandato negociador que le fuera otorgado a los negociadores norteamericanos por en su país.
El Congreso de los Estados Unidos definió como limite para las negociaciones la legislación de protección a los inversionistas vigente en ése país. Ejemplos sacados de la jurisprudencia norteamericana, presentados por David Waskow de la Alianza Social Continental en documento que analiza la propuesta de inversiones, muestran que los EEUU mantienen una serie de dispositivos legales que protegen la capacidad del Estado para regular la acción de los inversionistas en casos de medidas o leyes de defensa del bien público (Por ejemplo, en áreas como derechos laborales y ambientales). Sin embargo, todos ellos serían ignorados en el ALCA. Oficialmente, el texto no está firmado por Washington, pero la inclusión de artículos semejantes en los acuerdos bilaterales recién firmados por los EEUU hacen pensar que la propuesta cuenta con su apoyo.
La propuesta, que puede volver a constar en el piso mínimo del ALCA en caso de que el grupo de países mencionado acepte una mayor apertura del mercado norteamericano, abre un margen para que los inversionistas extranjeros procesen a los gobiernos por cualquier acción del Estado que interfiera o, simplemente, pueda interferir en los beneficios de las empresas. Ni los Estados Unidos se escapan a esta amenaza. En uno de los casos más recientes de procesos inversionista – Estado, la compañía minera canadiense Glamis quiere cobrar $50 millones por supuestos perjuicios causados por una ley del gobierno de California. La ley aumentó las exigencias para la acción de empresas mineras en áreas próximas a las reservas ambientales e indígenas. La compañía mantiene una cantera al lado de una reserva, en tierras consideradas sagradas por la etnia Quechán.
Analisis del Capitulo de Inversiones en el ALCA, por David Waskow