En doce provincias existen hoy conflictos por la explotación de las riquezas del subsuelo común, un creciente activismo ambiental que denuncia la ausencia de una política estratégica por parte del Gobierno y muestra los desajustes conocidos del Estado argentino: provincias que aprueban medidas que otras prohíben, tribunales que fallan con criterios disímiles y leyes que no se cumplen.
Por Darío Aranda
Después de un año y medio de resistencia de las asambleas ciudadanas a la megaminería en Famatina, el gobierno de La Rioja y la compañía canadiense Osisko Mining Corporation rescindieron el convenio para la exploración y explotación minera en ese departamento riojano.
Tres semanas completan las protestas de las comunidades del Departamento de Cajamarca en Perú, en contra del proyecto minero Conga, desarrollado por la minera Yanacocha, la más grande de Suramérica. El Proyecto está siendo desarrollado esta compañía de capital estadounidense, que tiene como socios a Newmont Mining Corporation, la Compañía de Minas Buenaventura, y la Corporación Financiera Internacional, y que ha hecho presencia en la zona desde 1990, con graves impactos ambientales y sociales.
Entre el 10 y el 12 de octubre, se reunieron en Colombia mujeres de toda América Latina en un encuentro que concluyó con el rechazo a la minería trasnacional en el continente. Las mujeres concluyeron que “la megaminería se acompaña de bases militares, mayor presencia de todos los actores armados y aumento de vigilancia privada, lo que hace más vulnerables a las mujeres”. La declaración del Encuentro Latinoamericano Mujer y Minería, también destacó que las industrias extractivas permanente demandan servicios sexuales por parte de funcionarios y obreros, servidumbres, trata de personas, migración de mujeres.
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